En audiencias de solicitudes múltiples, decretaron cinco medidas cautelares personales distintas a la detención provisional, a cuatro ciudadanos imputados por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado agravado.
En el primer caso, el juez de garantías decretó las medidas cautelares personales de reporte todos los lunes, prohibición de salir del distrito de La Mesa y prohibición de acercarse a los testigos y familiares, para dos imputados por peculado agravado, en perjuicio de la Junta Comunal de Bisvalles de La Mesa.
El abogado particular de esta causa David Reyes, dijo que se han entregando todas las evidencias necesarias ante las instancias, donde desmotraran que no hay participación de los delitos que se le venculan a su cliente.
En una segunda audiencia, el juez de garantías Andrés López legalizó la aprehensión, dio por presentada la formulación de imputación de cargos y decretó las siguientes medidas cautelares personales para dos ciudadanos de 28 y 51 años, imputados por peculado agravado en perjuicio de la Junta Comunal de Boro de La Mesa.
A los imputados se le decreto obligación de mantenerse en su domicilio, reporte todos los lunes, prohibición de salir de la provincia y del país, prohibición de acercarse a los testigos y uso de un dispositivo de monitoreo electrónico (brazalete electrónico).
La fiscalía apeló las medidas cautelares impuestas; la audiencia para conocer la apelación quedó agendada para el viernes 1 de agosto, a las 2:00 p.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones en Coclé.
Según datos suministrados por la sala de prensa del Órgano judicial, ambos casos penales están vinculados a investigaciones iniciadas en octubre de 2024, que giran en torno al presunto uso indebido de fondos del Programa de Interés Social (PDIS), destinados a obras comunitarias durante el período 2019-2024.